Ranking de Sustentabilidad 2021: la temperatura medioambiental de América Latina

Parece ya evidente que el mundo postpandemia y posTrump retomará con fuerza −al menos en el papel− los esfuerzos por acotar el impacto medioambiental acumulado desde la revolución industrial. Estados Unidos regresa al Acuerdo de París, el presidente de China atiende una cumbre climática citada por su par estadounidense Joe Biden −único tema en torno al cual ambos líderes han coincidido− y la Unión Europea se autoimpone como bloque la meta de reducir en 55% sus emisiones de CO2 al 2050, clamando que será el primer continente climáticamente neutro. En América Latina los esfuerzos son desiguales y difíciles, como lo demuestra el que muchos países clave no hayan ratificado el Acuerdo de Escazú regional. Y en AméricaEconomía hemos decido poner foco en el desempeño medioambiental de 11 países latinoamericanos, para lo que presentamos una nueva edición de nuestro Ranking Latinoamericano de Sustentabilidad, que mide el progreso general hacia la sustentabilidad en la región por 12 dimensiones, mediante 26 indicadores estandarizados y respaldados.

Costa Rica, Uruguay y Colombia encabezan la segunda edición, en la que incorporamos nuevos indicadores y mediciones. La investigación incluye por primera vez una visión de las políticas públicas, en un esfuerzo bastante único a nivel de mediciones, que nos permite evaluar la fuerza con que gobiernos y Estados están dispuestos a avanzar en la protección del medio ambiente. Además de una serie de mejoras en los indicadores técnicos de largo plazo utilizados en la edición pasada, como las emisiones, la calidad del aire o la matriz energética, en esta segunda edición hemos analizado en profundidad la institucionalidad medioambiental, la actividad legislativa, los compromisos internacionales vinculantes y no vinculantes, los focos de conflicto socio-ambiental activos, y los desastres ambientales como derrames o incendios.

 Los datos provienen de fuentes secundarias validadas, como organismos gubernamentales internacionales y centros de investigación académica, así como algunas investigaciones periodísticas propias de AméricaEconomía. Esta información y hechos recabados demuestran la falta de una estrategia coordinada en la región, aunque sí hay países trabajando de forma individual en la acción climática con programas imitables, como Costa Rica y Uruguay, quienes lideran el conteo.

Avance de tratados vinculantes y compromisos

En el periodo 1990 a 2005 se vio una tendencia en masa en América Latina a suscribir Tratados Internacionales referidos a Medio Ambiente. Su aprobación, sin embargo, que exige una ley para que sea vinculante, en su mayoría se concreta entre cinco y 10 años después de firmado. Es decir, el aumento del interés por la protección ambiental se reflejó, al menos a nivel internacional, en la suscripción acelerada y en grupo a documentos de índole ambiental en dicho periodo. De este modo, acuerdos como el de Estocolmo, creado en la Cumbre de la misma ciudad en 1972, alcanzaron una rápida suscripción latinoamericana en el periodo 1992-1995, posterior a la Cumbre de la Tierra Rio 92 de la ONU, donde el tema ganó influencia.

Gracias al trabajo previo de organismos internacionales que convencieron a los continentes de trabajar en la acción climática, hoy existe una base de 13 documentos ratificados en los 11 países latinoamericanos analizados. Dentro de estos tratados hay algunos que generan consenso absoluto, como los que han cambiado las métricas de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), como el de Kioto, que fue ratificado en masa en 2005 por todos los países estudiados. Mirando al presente, esta visión común no se manifiesta en el tratado más actual: el Acuerdo de Escazú sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Se han negado a ratificar el pacto Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú.

Entre 2012 y 2014 nació “La Decisión de Santiago”, como se llamó al documento preliminar y por el que se creó un comité de negociación, donde participaron 24 países, de los cuales hoy sólo han ratificado 11. En 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, fue presentado el acuerdo final que hoy ni siquiera ese mismo país ha discutido, a pesar de la presión social para ponerlo en tabla.

Los motivos esgrimidos por estos países para negarse a firmarlo son parecidos: Escazú sería “ambiguo” y se “inmiscuye” mucho en la legislación y soberanía. Quienes presionan por firmarlo aseguran que tales afirmaciones esconden la preocupación de limitaciones para las empresas cuando estas intervengan el medio ambiente.

Respecto al futuro de la acción climática en la región, medimos el compromiso global con el medio ambiente de los países a través de sus Compromisos No Determinados (NDC por sus siglas en inglés), dándole peso a la emisión de GEI, por su probable responsabilidad del 95% en generar el cambio climático, y a las promesas de descarbonización, por la urgencia de virar la generación de energía hacia fuentes renovables.

Las promesas de descarbonización y reducción en emisiones son similares en Latinoamérica, teniendo en general como meta el reducir menos del 40% de GEI antes de 2030 (seis de 11 países) y descarbonizar antes del 2050 (7 de 11 países). Por lo demás, la poca claridad en la rendición de cuentas posterior a la suscripción genera un ambiente de poco compromiso real en la región, existiendo metas idénticas en países con políticas ambientales tan diferentes como Brasil y Costa Rica. Este último lidera la ambición y cumplimiento, con políticas en transporte público y privado, energía, agricultura e industria en la línea de su ambiciosa meta: reducir en un 44% los GEI antes de 2030, y una descarbonización a 2021. Mientras, el gobierno de Brasil es hoy ejemplo de descompromiso medioambiental. Que comparta formalmente con Costa Rica las metas de reducción de GEI es un indicio de que detrás de las declaraciones hay distintos niveles de compromiso real. No es casual que Brasil, que en el ránking 2019 ocupaba el puesto cinco, retroceda al puesto número siete al incluir indicadores que miden la voluntad política.

Un análisis de la organización Climate Action Tracker señala que el plan climático del país amazónico carece de objetivos para cumplir el compromiso de reducir los GEI a 2030 y para frenar la deforestación. Además, Brasil ha sido uno de los países más problemáticos a la hora de adoptar la transición al Acuerdo de París, pidiendo alargar el periodo a 2025. El gobierno de Jair Bolsonaro, que partió expulsando a la COP25 de Brasil, ha reducido en un 96% los fondos para acciones contra el cambio climático.

En América Latina estaremos lejos de llegar a la meta si no se adoptan políticas nacionales, como en Costa Rica, y con estrategias climáticas regionales alineadas, como busca serlo el Acuerdo de Escazú. Por ello, organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han insistido en su importancia como herramienta para la lucha contra la contaminación, así como en la necesidad de generar una estrategia coordinada de políticas ambientales basadas en la evidencia científica.

Desastres ambientales no naturales

Un desastre ambiental no natural corresponde a una perturbación en el ambiente natural debido a la acción humana o a su negligencia. Para el conteo se contemplaron, con distinto orden de gravedad, derrames y fugas, intoxicaciones con pesticidas, e incendios. Los antecedentes se obtuvieron a través de una completa revisión de prensa digital focalizada por país y tipo de desastre no natural, centrándose en casos que contaran con datos precisos.

El país con mayores desastres ambientales no naturales en nuestro registro, que contempla desde julio de 2019 a diciembre de 2020, es Perú, con 27 desastres, primando en ellos los incendios. Luego México, con 20 acontecimientos de este tipo, y con el lamentable primer lugar en desastres del tipo que calificamos como más graves: derrames y fugas. Le sigue Paraguay, con 13 desastres y un problema de incendios similar al de Perú, con zonas de riesgo en que se repiten los siniestros año a año. Sin embargo, el tipo de desastre es de muchísima mayor gravedad y con un mayor peso de la mano del hombre en México y Brasil, paísses que tienen el peor desempeño en esta dimensión.

El caso mexicano es realmente preocupante. Entre 2000 y 2012 la Dirección de Emergencias Ambientales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) registró 4.457 derrames de petróleo en aguas y tierras mexicanas, cerca de 500 incidentes cada año. En términos económicos se estima que entre las décadas de 1990 y 2010 se han provocado pérdidas de más de US$ 50.000 millones por derrames de petróleo. Respecto a ecosistemas y población, el último conteo señala que entre 2015 y 2018 el suelo contaminado por este tipo de desastre suma más de 700.000 m², de los cuales solamente 421.000 m² han sido restaurados. Quien encabeza los desastres de este tipo es la empresa petrolera estatal PEMEX, que tiene un promedio anual de crecimiento de fugas y derrames de un 9,9% a 2018.

Los países más afectados tienen en común la carencia de un marco normativo en torno a la prevención, donde no se fortalecen condiciones de seguridad que garanticen la calidad de vida y el desarrollo sustentable del país. Al mismo tiempo, las sanciones por causar daño ambiental son bajas, con penas que decantan en multas años después del hecho.

Conflictos ambientales, acción estatal e institucionalidad

Los conflictos ambientales en América Latina tienen como ejes los desafíos que plantea la industria minera, los conflictos de biomasa y la administración del agua. La localización de ellos va de costa a cordillera, para los países que tienen al este el océano Pacífico y al oeste la cordillera de Los Andes, y son más cercanos a las costas en los que colindan con el Atlántico. A lo largo del cordón cordillerano andino conviven gran número de conflictos mineros y de petróleo. Los problemas que desembocan sobre fuentes de agua siguen el camino de los grandes ecosistemas acuáticos de América Latina, como el Amazonas y el Río Paraguay.

Sobre las medidas tomadas en los 806 conflictos abiertos según el Mapa Global de Justicia Ambiental, nuestra investigación muestra que los países que más acciones en términos absolutos han tomado fueron Chile, Colombia y Brasil. Pero si calculamos la tasa de acción institucional respecto a la cantidad de conflictos ambientales abiertos, notamos una alta diferencia de porcentajes, dejando a Uruguay y Paraguay −que, sí, muestran pocos conflictos− a la cabeza. Mientras que en estos dos países dicho número corresponde a una media sobre el 80%, el país que les sigue es Chile con tan solo un 16% de acciones en casos de conflictos ambientales. Luego cinco países −Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú− tienen una tasa de entre 6% y 7%, mientras que Bolivia, Costa Rica y Brasil apenas entre un 4% y 5% de soluciones. Sobran los comentarios.

Respecto a la reparación de conflictos, los países analizados presentan lentitud en el proceso que va desde el caso de contaminación o apertura de conflicto hasta lograr una conciliación y reparación. Lo ilustra el caso de la minera Barrick Gold, en Chile: su proyecto Pascua Lama, ya contaba en 2005 con más 18.000 firmas recaudadas para clausurar el proyecto, pero recién en 2012 sufrió la primera de cinco clausuras por parte de un Tribunal Ambiental, siendo cerrado definitivamente en septiembre de 2020 y multándose a la compañía en US$ 7.000 millones por daño ecosistémico y a la comunidad.

En la región existe una institucionalidad medioambiental con variadas formas y distintos niveles de burocracia. De los 11 países investigados, solo México no cuenta con Ministerio del Medio Ambiente o similar. Los Parlamentos de estos países cuentan todos en ambas cámaras con una comisión que trata temas ambientales. Lo que no es parejo es la importancia que se le da en el ámbito legal a los conflictos: solamente cuatro países (Bolivia, Chile, Costa Rica y Paraguay) cuentan con tribunales ambientales.

En general, son los organismos judiciales de cada país quienes terminan haciendo de fiscalizadores. Es el poder judicial quien ha ordenado, por ejemplo, a empresas como Pemex el reparar daños ecosistémicos, haciéndose cargo así de políticas de organismos ambientales que no contemplan planes de restauración. Tal es también el caso de la orden del Tribunal de Maranhão, en Brasil que en diciembre de 2020 exigió al municipio de São Luis reparar el daño ambiental causado en las orillas del río Paciencia en el plazo de un año; o la Corte Suprema chilena determinando el pago de US$ 70.000 a la salmonicultora Camanchaca S.A. tras confirmar presencia de residuos sólidos en el Lago Llanquihue.

Gases de Efecto Invernadero (GEI): el indicador clave del cambio climático

La reducción de emisiones constituye un pilar fundamental del Acuerdo de París firmado por todos los países analizados en este ránking. El aumento en las concentraciones de GEI no sólo constituye un problema ambiental por su impacto directo en el calentamiento global, sino también conlleva profundos impactos potenciales en la sociedad, la economía y los ecosistemas.

Las emisiones de GEI reflejan una compleja combinación de factores, como la estructura económica sectorial, la tasa de crecimiento económico, patrones de suministro y consumo de energía, precios de la energía, entre otras muchas variables. Por ello, si se controla y reduce, los países pueden mejorar la competitividad a escala regional y global, a la vez que contribuyen a la resolución de un grave problema ambiental.

Además de las mejoras a la salud, existen ahorros económicos por eficiencia energética o introducción de nuevos procesos, identificación de oportunidades para participar en mercados de carbono, y en general el mejoramiento de la posición estratégica para el desarrollo sustentable del país.

En nuestro ránking la dimensión Emisiones GEI es liderada por Costa Rica, que tiene las menores emisiones principalmente porque casi el 100% de su electricidad proviene de fuentes renovables, que proporcionan la mitad del suministro total de energía primaria. El mayor reto en materia de reducción de emisiones de GEI ponderado por PIB lo presenta Bolivia, considerando que el suministro total de energía se origina principalmente de hidrocarburos y gas natural.

Con relación a la intensidad energética del PIB, Bolivia muestra un mal desempeño por el aumento del uso de gas natural y sus subvenciones al uso los combustibles menos eficientes. También afecta este país el peso en su PIB de la producción minera, intensiva en la utilización de energía. Por el contrario, Colombia ocupa el primer lugar de esta tabla de intensidad energética, lo cual se debe a varios factores: la continua disminución del uso de la leña y su sustitución por fuentes energéticas más eficientes; programas de eficiencia energética; el desarrollo del sector eléctrico y su alta eficiencia por la gran participación de las hidroeléctricas; y los cambios que ha tenido la estructura económica del país, que actualmente tiene una mayor participación del sector servicios.

Otro indicador de alto peso en nuestro ránking y de fuerte impacto en la vida y salud de las personas tiene que ver con la calidad del aire en zonas urbanas. Aquí Costa Rica no se destaca, ocupando solo un 6° lugar. Y hay un grupo de países −entre ellos Chile, Perú, Bolivia y México− que tienen un gran desafío en esta materia, como se puede ver en la tabla de concentración de material particulado de menos de 2,5 micras por metro cúbico.

Medir para avanzar

Las dimensiones comentadas en este artículo constituyen la base de nuestro ranking y se componen de un gran cúmulo de información recabada a lo largo de varios meses. Nuestra intención al construir este ranking es generar un registro que ayude a nutrir el debate medioambiental en América Latina. Este año hemos agregado un registro cualitativo único que permitirá conocer el decrecimiento o el aumento de la voluntad política para combatir el cambio climático. Ello nos proporcionará un comparable para medir en los próximos años las variaciones, por ejemplo, en la institucionalidad y las leyes, los cambios en la capacidad de reacción y de reparación ante los desastres ambientales, así como el grado de compromiso real con los tratados y metas internacionales.

Fuente: América Economía

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