Proteger nuestros suelos: otra tarea pendiente

El cambio climático y las deficientes prácticas de manejo agrícola y forestal han degradado, erosionado y contaminado vastas superficies de suelos productivos en Chile, lo que nos tiene en una situación tan crítica como ocurre con la escasez hídrica. Esta columna presenta datos del estado en que se encuentran los suelos y plantea la necesidad de que su protección sea considerada en la discusión constituyente con la misma intensidad con que se ha abordado el asunto del agua. El tema es clave. El suelo es el principal recurso para alimentar a la población nacional y mundial, que cada vez es más demandante.

Este artículo presenta los resultados de la investigación desarrollada por el Centro de Micorrizas y Sustentabilidad Agroambiental, UFRO, así como parte de los obtenidos en la línea de investigación “Tecnología del Agua y Remediación Ambiental” del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (ANID/FONDAP/15130015) a través de los proyectos FONDECYT 1170264 y 1210964 sobre biotecnología agrícola para la eficiencia del uso de agua y nutrientes, y FONDECYT 11080131 y 1120890 sobre el uso de microorganismos y enmiendas para la biorremediación de suelos contaminados.

Hace varios años el Profesor Winfried Blum, Presidente de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo (IUSS), mencionaba: “El agua se bebe, el aire se respira, pero el suelo no se come; solo intuimos que nos alimenta indirectamente”. En nuestra vida diaria interactuamos con el suelo sin notarlo y ni siquiera nos preguntamos cuál es su “real” importancia. A diferencia de lo que ocurre con el agua, asumimos que siempre estará. Sin embargo, al igual que está ocurriendo con los recursos hídricos, la velocidad actual de pérdida hace que sea posible que lleguemos a un momento en que no exista una superficie de suelos suficiente para alimentar a una población creciente y cada vez más demandante, tanto en cantidad como en calidad de alimentos.

Lo anterior es producto de varios factores. Primero, el cambio climático, que ha acrecentado los procesos de desertificación por el avance de las condiciones de aridez, así como la salinización de los suelos (ver Fotografía 1). Ello, pues la sequía está obligando al uso de fuentes de agua de baja calidad en las tierras cultivadas (Sepúlveda et al. 2020). En segundo lugar, las deficientes prácticas de manejo agrícola y forestal, que por décadas han degradado, erosionado y contaminado vastas superficies de suelos productivos en Chile. Todo ello genera un escenario difícil de controlar, y más aún, de revertir.

Con el fin de contribuir a la comprensión de la importancia del suelo, y su valor para las distintas generaciones, esta columna presentará datos actuales de su estado, la necesidad de acciones tendientes a educar a la población y a los tomadores de decisiones sobre su cuidado, y la importancia de que su protección sea considerada en la discusión constituyente con la misma intensidad con que se ha abordado el tema del agua, lo que debiese culminar con la redacción de una Ley General de Suelos para Chile.

EL SUELO: ALIADO SILENCIOSO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Chile es uno de los pocos países de la OCDE que al presente no cuenta con una Ley de Protección de Suelos, aun cuando diferentes sectores lo han solicitado por décadas. Esto es inexcusable si se reconoce al suelo como el principal recurso para alimentar a la población nacional y mundial, y mantener la vida en la Tierra tal cual la conocemos. Para dimensionar esta problemática, algunos datos relevantes:

  1. Para el 2050 se estima que la superficie disponible de suelo se reducirá a la mitad, con lo que se hace imposible producir alimentos para una población proyectada de 9.000 millones de personas (FAO-ONU). La única alternativa es incrementar significativamente los rendimientos de los cultivos, que en suelos cada vez más empobrecidos es prácticamente imposible. O buscar otro planeta…
  2. Los cambios en las dietas de la sociedad contemporánea exigen un uso muy intensivo del suelo, principalmente por el aumento de la demanda de carne y productos lácteos, que se traduce en incrementos de más de 1.000 millones de toneladas de cereales y 200 millones de toneladas de productos ganaderos para el 2050.
  3. Finalmente, la inequidad sobre el acceso al suelo no resulta ser muy distinta a la que se observa para las riquezas financieras, ya que mientras el quintil más acaudalado de la población dispone del equivalente a productos generados por más de 5,5 hectáreas para cada persona, el resto del mundo sólo dispone de 1 a 2 ha/persona. Esto se ha visto ejemplificado en nuestro país en la acumulación de suelos por pocos inversores, que se puede llegar a convertir en un monopolio u oligopolio debido a intereses urbanísticos.

Lo anterior resulta más relevante si consideramos que estas estimaciones se refieren sólo a las superficies de suelo que pueden ser cultivadas o destinadas a la producción animal, que en conjunto suman alrededor de 23,5 millones de hectáreas en Chile, es decir, menos de un tercio de la superficie nacional (CONAF, 2017). En conclusión, “el suelo potencialmente destinado a la producción de alimentos es muy limitado”, y aun así las pérdidas año tras año son enormes.

LOS SUELOS EN CHILE

En Chile, la situación es especialmente preocupante, dadas las múltiples falencias en su protección, incluso con políticas de fomento —como, por ejemplo, la Ley de Fomento Forestal— que no han sido efectivas (Yánez y Sánchez, 2014)[1]. En 2015 se realizó en Santiago el Taller de la Alianza Sudamericana por el Suelo (FAO), donde participaron representantes de distintas reparticiones gubernamentales, de la Sociedad Civil y de la Academia, quienes concluyeron que las 5 principales problemáticas relacionadas a la conservación y uso del suelo eran, en orden creciente: i) la pérdida de suelo productivo por avance urbano (sellamiento); ii) la contaminación por elementos tóxicos y compuestos orgánicos persistentes; la iii) falta de concientización, conocimiento y educación en temas relacionados al suelo; iv) la ausencia de un cuerpo legal y de políticas públicas orientadas a la protección del suelo; y v) la más relevante, su actual estado de degradación física, química y biológica.

Estas observaciones son concordantes con lo presentado en el Informe del Estado del Medio Ambiente (MMA, 2018), donde se destaca la pérdida de terrenos cultivables por expansión urbana exponencial en las áreas metropolitanas de Santiago, Valparaíso y Concepción, así como la importante desertificación en las zonas extremas y centrales, que alcanza a más del 21% del país, afectando a casi 7 millones de personas. Sumado a lo anterior, se han identificado al presente más de 3300 sitios y suelos con presencia de contaminantes, destacando aquéllos producto de las actividades mineras en el norte y centro del país, y otras actividades industriales y manufactura hacia el sur. Uno de los casos mejor estudiados y ejemplificadores es el área de la Bahía de Quintero y el Valle de Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, siendo la primera zona declarada como saturada de contaminantes en Chile (D.S. 346, 1993). En particular, los suelos de esa zona se encuentran gravemente erosionados por la falta de una cubierta vegetal (ver Fotografía 2), acidificados por la lluvia ácida originada en los múltiples complejos industriales, y con altos niveles de metales pesados, como cobre, zinc y arsénico (Cornejo et al., 2008; Neaman et al., 2015).

De estos sitios, a nivel nacional, sólo el 0,3% está en una etapa de determinación de cuáles son sus contaminantes y sus niveles (MMA, 2018). Esta falta de información sobre dónde, en qué forma, y cuánta es la exposición potencial a sustancias tóxicas significa un desconocimiento mayúsculo en cómo afecta esto a las poblaciones aledañas, considerando que las estrategias de contención o remediación son aún muy escasas, mientras la dispersión de los contaminantes se da de forma permanente. Sin embargo, la causa más importante de degradación de suelos en Chile es la erosión[2], que al año 2010 la presentaban más de 38 millones de hectáreas de suelos en Chile (CIREN, 2010). Esto significa más del 50% de la superficie del país, con algunas regiones con más del 60-80% de suelos erosionados. En algunos casos esta erosión llega a ser muy severa, donde se pierde más del 80% del suelo natural, lo que es irrecuperable (ver Fotografía 3). Por lo mismo, resulta urgente que exista una mayor concientización sobre el tema y que esto se traduzca en medidas concretas. Por ejemplo, así como en 2019 se estableció una Mesa Nacional del Agua, se requiere de una Mesa Nacional del Suelo, para establecer una política a largo plazo para su manejo y protección, incluyendo comunidades, academia y organizaciones de la sociedad civil además de los entes estatales. Y no hay que olvidar un tema fundamental que también emparenta a los suelos con el agua en Chile: el “mercado medioambiental”.

LEY DE SUELOS Y PROCESO CONSTITUYENTE

El presente año encuentra a los suelos de Chile en una situación lamentable por sus niveles de degradación y los efectos de la sequía persistente en muchas regiones, incluso del centro y sur del país (CIPER Chile, 2017). Hasta la fecha, la institucionalidad encargada del manejo y protección de los suelos radica en algunos ministerios, destacando entre las propuestas que más impacto han tenido el Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S, MINAGRI), que surge con el objetivo de mitigar los efectos adversos para la producción agropecuaria a través del subsidio de diversas prácticas sustentables. Si bien se reconoce un impacto positivo en la producción, su alcance es limitado a usuarios de SAG e INDAP, quedando gran parte de la superficie de suelos en Chile sin una herramienta que permita su protección. Por eso resulta fundamental la Ley General de Suelos, que intentaría ser un marco general para la protección de suelos en Chile, partiendo por las definiciones y alcances, que serán posteriormente operativizadas mediante reglamentos.

Además, se requieren cambios constitucionales profundos —cabe recordar, por ejemplo, que los términos “suelo” o “suelos” no aparecen mencionados en ningún momento en la Constitución vigente— para evitar que el derecho de propiedad permita que el uso inadecuado del suelo genere contaminación difusa que afecte el bienestar de las poblaciones aledañas, tal cual ocurre en el presente. Como ejemplo, una práctica ampliamente cuestionada y que no presenta justificación científica, como la quema de residuos agrícolas, se realiza comúnmente en el entendido de que CONAF autoriza su realización en función de una normativa totalmente extemporánea (DS 276/1980, MINAGRI). La explicación de su uso radica en que a los productores agrícolas les resulta más fácil quemar los residuos que hacer un manejo (sustentable) de ellos.

Por el contrario, esta práctica genera varias toneladas de CO2 por hectárea de suelo, la pérdida de organismos beneficiosos en la superficie del suelo, la posibilidad cierta de generar incendios forestales masivos, y el efecto que el material particulado genera en el aire hasta varios km de su origen, afectando la calidad de vida de cientos o miles de personas. Incongruencias como éstas deben ser parte de los temas que la Convención Constituyente debe abordar, porque si bien es cierto en el presente esto puede ser legal y constitucional, no resulta aceptable que el derecho de propiedad sobre el suelo signifique la falta de control sobre su protección y mucho menos la generación de efectos negativos sobre la población. No resulta moral privatizar los beneficios del (ab)uso del suelo, mientras se socializan los efectos adversos de su mal manejo. Debemos como sociedad ser capaces de entender y asumir que la salud del ambiente y de la tierra en su totalidad dependen de poder contar con suelos sanos, que es especialmente importante en el próximo proceso constituyente, pero de forma global como una de las alternativas más importantes para hacer frente a los estragos que el cambio climático global está provocando.

Fuente: CIPER Chile

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